Número 54

EL CONFLICTO EN LA LÍNEA DE BANDERA: PRESENTACIONES EN LA JUSTICIA: Aerolíneas acusó de su crisis al Gobierno y a los gremios

Representantes de la compañía, de los gremios aeronáuticos y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, mantuvieron el martes por la tarde una audiencia en el juzgado a cargo de Jorge Sícoli. Las partes consensuaron que el pasivo de la empresa es de más de US$ 800 millones, de los cuales 240 millones son exigibles. Así, avanza el proceso de reestatización. Fargosi, presidente de la firma, señaló ante el juez la demora en subir las tarifas y las huelgas.

Buenos Aires (La Nación). Todo lo que el grupo español Marsans, dueño de Aerolíneas y Austral, piensa de la crisis de ambas empresas lo dijo el martes pasado en la Justicia: que el Gobierno demoró los aumentos de tarifas y el subsidio al combustible más allá de lo prometido, que los gremios se sumaron en una suerte de complot y que, por eso, la compañía terminó como está.
Fue la expresión más contundente de la mañana de ayer en el juzgado N° 15, a cargo del concurso de Aerolíneas, y ante el juez Jorge Sicoli. El encargado de transmitir el mensaje tardío fue Horacio Fargosi, presidente de Aerolíneas y vicepresidente de Interinvest, controlante de las dos empresas aéreas. Escuchaban 40 personas: entre ellos, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y representantes sindicales. Jaime defendió su gestión: dijo que, si no hubiera sido por el Gobierno, no se habrían pagado los salarios en los últimos meses.
Marsans ya tiene decidido desprenderse de ambas empresas y así se lo dijo al Gobierno. Lo que se negocia ahora es el valor que tendrán las acciones que se transfieran al Estado.
Al contrario de lo que esperaba el Gobierno, el juez no designó ayer un interventor. Tanto es el apuro, que desde los gremios se hablaba el viernes pasado de nombres de posibles interventores. Marsans dice estar dispuesto a resistir la intervención.
"¿Me va a intervenir la empresa porque nos atrasamos cinco días con los sueldos? Va tener que intervenir unas cuantas", le señaló Fargosi al juez. La ironía del abogado no era inocente: Fargosi fue el redactor de la ley de sociedades. El juez preguntó si era cierto que los pilotos de Aerolíneas volaban con poco descanso. Fargosi se defendió con un ejemplo de Lufthansa: los pilotos de la aerolínea alemana, dijo, vuelan un 50% más de horas.
La cuestión de la deuda volvió a ser tema de discusión. En un intervalo de la reunión, Jaime habló con periodistas. "Lo importante -dijo- es que la empresa ratificó que el monto de la deuda estimada es de más de 800 millones de dólares, de los cuales 240 millones son exigibles." La descripción de la compañía es la misma, aunque dice que sólo la parte exigible de ese pasivo debería considerarse en la negociación por el precio de las acciones.
Ayer, en un comunicado, Aerolíneas reconoció una deuda de 890 millones de dólares, pero agregó que parte del pasivo estaba respaldado por activos. Según la empresa, la deuda exigible al 30 de junio pasado es de US$ 220 millones. El resto se divide así:
* Deudas bancarias: US$ 112 millones, que representan un 12% del total del pasivo, "cifra muy por debajo del ratio normal de endeudamiento bancario argentino e internacional".
* Por compra de aviones: 126 millones, cuyas obligaciones de pago "son a largo plazo".
* Sobre deudas no dinerarias, dijo, en el pasivo de Aerolíneas y Austral figuran 145 millones correspondientes a obligaciones por pasajes pendientes de uso.
* En el rubro "contingencias por juicios y otras previsiones", el monto alcanza a los 147 millones de dólares, "obligación que no necesariamente deberá cancelarse en los próximos meses/años".
* El pasivo, continuó, está integrado por 13 millones correspondientes a remuneraciones de mayo pasado, que fueron abonadas en los plazos legales, "incluyendo un adelanto a cuenta de futuros aumentos aun sin tener cerradas las negociaciones salariales".

En boca de Kirchner
El tema formó parte del discurso del ex presidente Néstor Kirchner el martes en la plaza del Congreso. Kirchner recordó que el Estado había recuperado participación en varias privatizadas. "Cristina trabaja para que Aerolíneas vuelva a servir al pueblo y termine la ignominia que estamos sufriendo", dijo.
Los tironeos por la empresa en el juzgado habían tenido en realidad dos etapas. Como si faltaran acusaciones, apareció también una presentación de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), conducido por Ricardo Cirielli, que pidió investigar tanto el comportamiento de los ministerios de Planificación Federal y de Economía como el del grupo Marsans. APTA pide que se investiguen causas por presunta malversación de fondos de los accionistas y que se explique por qué el Gobierno impugnó los balances de 2002, 2003 y 2004 y, en cambio, aprobó los de 2005 y 2006.
Las negociaciones seguirán hoy. La empresa dirá, por ejemplo, que las pérdidas empezaron en octubre del año pasado -un millón de dólares por día, que suman 260 millones hasta hoy- y que la facturación es de 100 millones de dólares por mes.
La acusación hacia el Gobierno está sustentada en una promesa escrita que, según los españoles, Jaime no cumplió: un aumento tarifario del 36% desde el 1° de enero. Según los números del directorio, con ese incremento, la facturación habría subido a 136 millones de dólares.
El referido cambio en las tarifas se concretó cinco meses después (18% en mayo y 18% en junio), durante los cuales se sucedieron huelgas del personal. Y el subsidio al combustible llegó hace un mes. Desde octubre, según la compañía, los pilotos sólo vuelan 40 horas semanales, la mitad que en otros países. Esta conjunción de penurias, argumentan, le reportó al grupo una pérdida del 40% de participación de mercado. El postulado es que esta caída mantuvo, pese a los incrementos tarifarios, la facturación en 100 millones de dólares.
Ese monto, según los dueños de la empresa, resultó insuficiente para afrontar los mayores costos por el alza del precio del petróleo, que se duplicó desde octubre hasta hoy (el JP1, combustible que utilizan las aeronaves, representa el 50% de los costos). Estos lineamientos se escucharán hasta el hartazgo en las próximas reuniones previstas para definir la reestatización.

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