El Gobierno reabrió el debate: quiere despenalizar la tenencia para consumo personal de drogas hasta ahora prohibidas. Pese a que algunos sectores se oponen, incluso los más conservadores advierten la necesidad de cambiar el modelo.
Buenos Aires (El Parlamentario).Todo comenzó a principios de marzo, cuando el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Aníbal Fernández, anunció en una conferencia en el Consejo Económico y Social de la ONU que el Gobierno tenía intenciones de avanzar en la despenalización del consumo de drogas. La idea es reformar la legislación vigente, dejar de perseguir penalmente a quienes consumen y que sus casos sean tratados no por el sistema de seguridad, sino por el de salud. “Debemos terminar con un sistema que atrapa al consumidor y lo criminaliza sin darle tan siquiera el derecho a la salud”, dijo en Viena el ministro.
Desde entonces se viene hablando en el Congreso del día que finalmente llegue el proyecto, pese a que el propio Fernández luego bajaría el tono a la polémica diciendo que la discusión “llevaría dos años”. Mientras tanto, la Justicia avanza. La Sala I de la Cámara Federal declaró inconstitucional la penalización del consumo individual, porque entra en disonancia con el artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice que los actos privados de los hombres no pueden ser juzgados sino por Dios. Con esta decisión, quedarían fuera de la Justicia Federal de la ciudad de Buenos Aires las causas de aquellos que son perseguidos penalmente sólo por llevar en el bolsillo un cigarrillo de marihuana. Claro que la medida debe ser ratificada por la Corte Suprema de Justicia.
La droga en la Argentina
Según estadísticas recientes del SEDRONAR (a través del Observatorio Argentino de Drogas), 440.000 argentinos consumen cocaína y 1,2 millones de personas admitió haber consumido marihuana en el último año. El 45,2% de los consultados afirma que conseguir drogas ilegales es bastante accesible. El uso de pasta base y del éxtasis es del 0,5%, lo cual equivaldría a 80.000 personas. Lejos de decrecer, el fenómeno se sigue ampliando y Argentina está yendo con su actual política a contramano del mundo. Mientras países limítrofes como Brasil y Uruguay tienen políticas más blandas tendientes a la denominada “Reducción de Daños” -esto es, si igual se van a drogar, por lo menos que no mueran en el intento-, Argentina está hoy alineada con la política de los Estados Unidos: tolerancia cero.
La ley vigente -la 23.737, dictada en 1989- establece una prohibición para los consumidores o más precisamente para aquellos que portan drogas. Es decir, no se penaliza el consumo pero sí la tenencia.
El problema es que esta actitud genera una distancia entre la ley vigente y los programas de prevención y asistencia. Si se encuentra a una persona con droga, en lugar de llevarlo a un hospital se lo debe poner preso. Por eso, en estos debates muchas veces se confunden dos términos: despenalización y legalización.
El primero implica simplemente que a aquel que tiene drogas no se le iniciará una causa penal, ya que legalización significa que se podría consumir en cualquier tiempo y lugar. La ley actual establece que si el detenido concurre a un centro de recuperación, la causa queda suspendida. Pero, en la práctica, termina sucediendo que los adictos no concurren a los centros asistenciales y las causas prescriben sin más.
Para cambiar estas leyes -que han demostrado ser poco efectivas- se nombró una comisión de notables, integrada por jueces, fiscales y sociólogos como Alberto Calabrese -especialista en el abordaje interdisciplinario del uso indebido de drogas-, el camarista Horacio Catanni -presidente de la Sala II de la Cámara Federal y consultor de la ONU en temas de drogas-, la fiscal Mónica Cuñarro, Eva Giberti -coordinadora del Programa Víctimas contra las violencias-, y los jueces Roberto Falcone, Patricia Llerena y Marcelo Madina, juez de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata.
El debate en el Congreso
Por lo pronto a fines de marzo asistió a la Comisión de Población y Desarrollo Humano del Senado, José Granero, titular de la Secretaría de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico, para hablar sobre el tema del Paco. Pero, obviamente, también fue consultado sobre el caso de la despenalización. “La ley vigente no es un fracaso, tiene cosas muy positivas que muchas veces no se aplican”, dijo el funcionario y agregó que “no hay un solo artículo ni inciso en la ley que impida al Estado luchar contra los narcotraficantes”. Con el correr de los días se dejaría entrever que la Sedronar no está del todo de acuerdo con despenalizar.
En esa reunión, Sonia Escudero -titular de la Comisión de Seguridad Interior y Lucha contra el Narcotráfico- se mostró a favor del cambio de enfoque y considerar al adicto como un enfermo. “La respuesta no puede ser la criminalización del adicto, que en su mayoría son jóvenes marginales, pues se genera como un círculo vicioso del cual no pueden salir y pierden así toda posibilidad de inserción laboral y desarrollo”, sostuvo. Aunque aclaró: “La despenalización no puede venir sin una red de centros de atención de estas patologías”.
