La Diputada provincial por Encuentro Ciudadano, Gabriela Mestelán, elevó un proyecto de Ley solicitando esta medida en el distrito de Santa Cruz por el término de un año. El objetivo de la iniciativa es “consensuar, obtener y aplicar soluciones eficaces, oportunas y progresivas frente a la crisis declarada”.
Santa Cruz (EC). Lo que se planea, según destaca la diputada Mestelán, es la conciliación de políticas integrales que contemplen los parámetros del derecho a la vida, la dignidad, el desarrollo humano, el acceso a la vivienda, la tutela de situaciones críticas en estado de vulnerabilidad social y la planificación urbana.
La propuesta aborda una problemática innegable en el territorio santacruceño: las dificultades que atraviesan importantes sectores de la sociedad que no poseen un techo propio y se les dificulta el acceso a un alquiler dada la poca relación que existen entre dichos valores y los salarios insuficientes para cubrir todas las necesidades de la canasta familiar. “Con la emergencia habitacional, se busca generar un mecanismo que posibilite la coordinación de políticas públicas progresivas que puedan resolver de manera efectiva los derechos conculcados”, explicitó la Diputada Mestelán.
La ONU considera que tener garantizado el derecho a la vivienda es “disponer de un lugar donde poder abrigarse si se desea, espacio, seguridad, iluminación y ventilación adecuadas, infraestructura básicas y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”. Y establece que “el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos”. Lo que también garantiza la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional sobre Derechos Humanos y la Constitución Provincial.
“La realidad nos indica que todos los días se renuevan contratos pactados dos años antes y los propietarios de bienes de renta pretenden aumentos desproporcionados e incluyen cláusulas indexatorias prohibidas por la Ley de Emergencia Económica 25.561”, explicó la legisladora de EC.
Así como las estimaciones privadas establecen la existencia de una inflación, en el año, del 20%, los alquileres, en igual período, han superado el 50% siguiendo las proporciones de los índices oficiales pero con una magnitud real. “Sin lugar a dudas este fenómeno ha degradado la vivienda porque los inquilinos que son asalariados o jubilados no pueden acompañar estos aumentos”, remarcó seguidamente.
La iniciativa de Encuentro Ciudadano solicita la declaración de la Emergencia por el plazo de un año a la vez que considera inexcusable la determinación política frente a un problema de tanta gravedad que viene expulsando sectores de la población de la vivienda formal para vivir en asentamientos precarios.
En el artículo segundo propicia la creación, en el ámbito de la Legislatura, de la Mesa Institucional por la Emergencia Habitacional, la cual deberá convocar a los representantes del Poder Ejecutivo Provincial, de los bloques políticos de la Legislatura Provincial, del IDUV, de SPSE, del Consejo Agrario, de los entes que proveen servicios, y previo a su adhesión a través de los cuerpos deliberativos, a los municipios que se encuentren dentro de la emergencia.
La mesa tendrá como misión central de trabajo “estudiar, gestionar y proponer las políticas tendientes a cubrir las necesidades de quienes carecen de vivienda, buscando soluciones habitacionales a corto y mediano plazo, así como articular los mecanismos que resulten necesarios para alcanzar los objetivos iniciales”.
La necesidad de ampliación de ejidos urbanos, la transferencia del Estado Nacional a los municipios de tierras de aquella titularidad, y la conveniencia de desarrollar políticas habitacionales provinciales a través de cooperativas u otros mecanismos que aceleren la solución de los problemas con los que nos encontramos en la actualidad, serán materia de tratamiento en la Mesa Institucional de Emergencia Habitacional.
“Es indispensable trabajar de forma mancomunada entre gobierno y municipios en la planificación urbana, en el reordenamiento territorial inquietud manifestada desde ambos Ejecutivos, sin embargo, creemos que la Emergencia Habitacional no debe propender a la aplicación de medidas expulsivas de los asentamientos humanos existentes en tierras fiscales, hasta tanto se logren y apliquen las medidas de acción positivas pertinentes”, aclaró Gabriela Mestelán.
Finalmente la legisladora enfatizó que “está en juego el derecho de acceso a una vivienda digna y es obligación de los estados de proveer a las personas y/o grupos familiares o convivientes en condición de emergencia habitacional, de un espacio físico o de un sector adecuado que guarde condiciones de salubridad, higiene y seguridad que resulten apropiadas y dignas a la vida humana, conforme las normas que rigen la materia”.
