Se definirá esta semana. El proyecto contempla la posibilidad de que las empresas indemnicen a los usuarios por la venta de productos defectuosos, extiende de tres a seis meses la garantía obligatoria de bienes durables y condena las “prácticas abusivas” contra los consumidores, entre otros puntos.
Capital Federal (TELAM). La Cámara de Diputados intentará avanzar en el tratamiento del proyecto de modificación a la ley de Defensa del Consumidor que contempla la posibilidad de que las empresas indemnicen a los usuarios por la venta de productos defectuosos y que ya tiene media sanción del Senado. La idea del oficialismo es que hoy se trate sobre tablas, algo que no sería dificultoso dado el apoyo adelantado por diputados de la mayoría de las bancas.
La iniciativa prohíbe la sobreventa de pasajes aéreos, eleva las multas hasta en 5 millones de pesos para determinados incumplimientos y da a los usuarios el derecho a una indemnización por vía administrativa de hasta 3 mil pesos.
Obliga además a los bancos a informar de manera detallada, "cierta y objetiva" todos los cargos que cobran por mantenimiento de cuenta y créditos y expresa que los usuarios podrán rescindir los contratos de servicios de la misma forma que los tomaron, ya sea por vía telefónica o electrónica. También condena las "prácticas abusivas" contra los consumidores, donde a través de promociones las empresas "se aprovechan de la inocencia" de las personas y también extiende de tres a seis meses la garantía obligatoria para bienes durables.
El proyecto prioriza al consumidor o usuario de las provincias que padece desigualdades con respecto al de la Ciudad de Buenos Aires, creando tribunales arbitrales en cada distrito.
Además, se establece la figura del "daño directo", que permite a la autoridad de aplicación fijar multas de hasta cinco canastas básicas de acuerdo con la gravedad del perjuicio ocasionado.
Prevé también que las empresas denunciadas se puedan arrepentir hasta en la última instancia de continuar con el proceso arbitral e incentiva a los comercios a admitir el error cometido antes de que deban afrontar las sanciones.
La iniciativa impulsada por la ex secretaria de Defensa del Consumidor y actual diputada oficialista, Patricia Vaca Narvaja (Córdoba), fue aprobada por la Cámara baja en agosto de 2006 y por el Senado en diciembre del año pasado. En la Cámara alta el proyecto fue debatido durante más de un año en comisión, donde recibió numerosas críticas de asociaciones profesionales y cámaras empresarias, pero cuando parecía que el tema iba a quedar sin tratamiento por la finalización del año legislativo, se elaboró rápidamente un dictamen y el tema llegó al recinto. Allí el proyecto fue apoyado en general por la totalidad de los 59 legisladores presentes, tras la defensa realizada por el radical Luis Petcoff Naidenoff, los oficialistas Sonia Escudero y Guillermo Jenefes, la puntana Liliana Negre de Alonso y el socialista Rubén Giustiniani.
Los senadores le introdujeron algunas modificaciones al texto, por lo que volvió a la Cámara baja para su aprobación. Las principales variantes tienen que ver con que se quitó a los profesionales liberales como sujetos de aplicación de la ley y con que no serán multadas las pymes a las que se les compren productos que no sean considerados insumos directos. El acuerdo sobre las modificaciones realizadas por el Senado comenzó a cobrar forma la semana pasada cuando se constituyó la comisión de Defensa del Consumidor, que preside el diputado Julio Arriaga (Río Negro).
